Siete familias denunciaron que autoridades municipales de Allende, Nuevo León les notificaron un ordenamiento de desalojo y demolición en predios donde aseguran haber vivido por más de 50 años. Además, afirmaron que les limitaron el acceso al agua potable, al suspender el paso de pipas “por órdenes de la autoridad”.
Los afectados ubicaron los predios en el sector conocido como El Barrial, en las inmediaciones del antiguo camino hacia la zona sur, frente a un fraccionamiento residencial identificado como La Morada.
Notificación de Desarrollo Urbano y advertencia de uso de fuerza pública
De acuerdo con el testimonio de las familias, el municipio entregó un documento con sello oficial y firma de personal del área jurídica, en el que se advierte que, si no acatan la indicación, el gobierno podría ejecutar el desalojo con apoyo de fuerza pública, además de proceder a la demolición de las viviendas e incluso arrestos.
Qué dice el documento y quién lo firma
Según los denunciantes, el oficio proviene de la Dirección de Desarrollo Urbano. Ellos identificaron como firmante a Gerardo de Jesús Villareal Grajales, del departamento jurídico. En el escrito, se describe la entrega de un “instructivo” a una mujer que dijo rentar un cuarto, y se señala que el aviso debe llegar a la “persona responsable” para que se den por enterados del “ordenamiento de demolición y desalojo”.
Las familias señalaron que el documento se entregó a las 10:15 horas del miércoles 4 de marzo de 2026 y que las acciones podrían ejecutarse “a la brevedad”.
Familias denuncian falta de agua y presencia policial
Además del riesgo de desalojo, los afectados afirmaron que enfrentan un problema adicional: ya no reciben agua por pipas, situación que atribuyeron a una orden de la autoridad. Mientras tanto, mostraron imágenes en las que se observa presencia policial frente a la propiedad, lo que —dijeron— incrementó el temor de que las acciones se realicen en cualquier momento.
Qué piden las familias y qué podría ocurrir en los próximos días
Las familias insistieron en que los predios les pertenecen y que su residencia en la zona tiene décadas. Por ello, pidieron que el caso se revise con transparencia y que se aclare el sustento legal del ordenamiento. También solicitaron que se garantice el derecho al agua y que las autoridades eviten acciones inmediatas mientras se revisa la situación.
En los próximos días, el conflicto podría escalar si el municipio mantiene la intención de ejecutar el desalojo. Por lo mismo, los afectados llamaron a documentar el proceso y a buscar acompañamiento legal para frenar cualquier demolición.
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